Asimismo, se insta a estudiar y a impulsar, en su caso, por parte del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes, la habilitación de dependencias en los juzgados que impidan la confrontación de la víctima con su agresor en aquellos procesos relacionados con agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual.
Finalmente, se prevé que sea el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, el organismo encargado de evaluar los datos provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer y de otros juzgados no específicos en relación con esta materia, con los que se elaborará un informe anual que se remitirá al Congreso para su seguimiento.
